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La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha reconocido este jueves en las Cortes que existen problemas para acceder al derecho a la interrupción del embarazo en la región. "Nos gustaría poder prestar este servicio de calidad y con seguridad en los hospitales públicos de la región, pero no podemos porque tenemos que respetar ese otro derecho que es la objeción de conciencia", ha declarado la consejera.
Blanca Fernández ha respondido de esta forma a una crítica de la parlamentaria de Ciudadanos, Carmen Picazo, durante el debate general sobre la situación de la mujer en la región celebrado a petición de su formación.
"La señora Picazo nos manifestaba un problema que efectivamente existe y es que el 58% de las mujeres de Castilla-La Mancha que tienen que interrumpir su embarazo, lo tienen que hacer en una provincia que no es la suya", ha reconocido Fernández. "¿Por qué pasa esto? Porque hay un derecho que también tenemos que proteger, que es el derecho a la objeción de conciencia", ha añadido.
La consejera ha señalado que actualmente solo existen dos clínicas en toda la región que realicen esta práctica y ha señalado que, tanto desde su consejería como desde la Consejería de Sanidad, se están estudiando medidas para poner solución a esta situación.
"Les digo, porque yo también estoy muy preocupada con este asunto y la Consejería de Sanidad también, que estamos trabajando para intentar que la situación cambie", ha apuntado en este sentido.
Durante su intervención, la consejera ha defendido el compromiso mostrado por el Ejecutivo para atajar los problemas planteados por el Partido Popular y Ciudadanos durante el debate.
Por último, ha respondido a las críticas a la ley del 'solo sí es sí', afirmando que "la Ley de Garantía de la Libertad Sexual no es netamente negativa, tiene muchas cosas positivas, pone el consentimiento en el centro".
Fernández ha señalado que el Gobierno regional ha insistido para tratar de corregir los defectos de la norma y ha apuntado a la responsabilidad de la ministra Irene Montero. "Ahora bien, la responsabilidad que le pido es la modificación de la ley, lo que haga con su vida política, me lo van a perdonar, me la trae al pairo", ha afirmado.
DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER
Las dificultades de acceso al derecho al aborto ha sido únicamente uno de los puntos tratados durante el extenso debate introducido por Ciudadanos. La diputada Carmen Picazo ha introducido el mismo criticando "la deriva radical del feminismo" representado por "el ministerio dirigido por Irene Montero que criminaliza al hombre por el hecho de ser hombre".
Por el contrario, ha señalado que su formación rechaza de la misma manera el negacionismo de las formaciones políticas de derecha. En este sentido, ha apuntado a la brecha de género, las violencias sexuales y machistas o la conciliación laboral como algunos de los mayores problemas para las mujeres en la región.
En materia de empleo, Picazo ha afirmado que "Castilla-La Mancha es la región con menor porcentaje de mujeres que trabajan a jornada completa. "Si eres mujer y quieres trabajar en Castilla-La Mancha lo tienes más difícil que otras regiones", ha añadido. La diputada ha criticado que las medidas tomadas por el Gobierno regional "están fallando" y ha exigido soluciones reales.
En el ámbito de la conciliación familiar y laboral, la diputada ha planteado que Ciudadanos también lleva años reclamando "una política real de fomento de la conciliación laboral".
Por último, Picazo ha reclamado medidas para facilitar el acceso de las mujeres a determinados derechos, como la natalidad o el deporte, y ha declarado su posición a favor de la regularización de la prostitución, así como de la gestación subrogada.
EL PP SE CENTRA EN LA BRECHA DE GÉNERO
Por su parte, la parlamentaria del PP Gema Guerrero ha centrado su intervención en la brecha de género existente en la región. Guerrero ha apuntado que en Castilla-La Mancha, las mujeres cobran un promedio de "327 euros menos que los hombres". Una realidad que la parlamentaria ha achacado a los altos niveles de desempleo en la región.
"Son muchas las mujeres paradas que trabajaban en el sector servicios, en la hostelería, al cual ha costado mucho superar la crisis sanitaria", ha planteado la diputada, reclamando, "un compromiso de Page" para facilitar la contratación en esos sectores afectados por las crisis.
Además, ha señalado la especial incidencia de las diferencias salariales y de empleo entre hombres y mujeres en las zonas rurales de la región. "En estas zonas rurales son esenciales iniciativas para fomentar el autoempleo", ha apuntado.
En el ámbito de la conciliación, Guerrero ha planteado la necesidad de facilitar a las empresas más pequeñas, mediante líneas de ayuda, el establecimiento de mecanismos para facilitarlo. "Solicitamos un plan de conciliación regional que perdure en el tiempo y que, por supuesto, cuente con recursos de los presupuestos", ha añadido.
La diputada del PP también ha criticado el contenido de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual. "Hoy las mujeres están menos protegidas frente a agresores gracias al Gobierno de Pedro Sánchez y a su ministra Irene Montero", ha afirmado.
EL PSOE DEFIENDE SU COMPROMISO EN DEFENSA DE LA MUJER
En cuanto a Charo García Saco, del Grupo Parlamentario Socialista, ha criticado el nivel de inconcreción del debate planteado por Ciudadanos. "Es un tema tan amplio que al final se puede hablar de todo", ha apuntado, señalando que en su opinión habría sido mejor hacer debates sobre temas más específicos.
En el ámbito de la violencia de género, García Saco ha reivindicado el compromiso pionero de la región al establecer legislaciones para hacerle frente. Un esfuerzo que, según ha declarado, se ha mantenido en la actualidad con "un récord de presupuesto para el Instituto de la Mujer" de 165 millones de euros.
En materia de empleo, la parlamentaria ha defendido que la tasa de desempleo femenino se ha reducido en 14 puntos desde 2015, con una reducción de mujeres desempleadas en un 40% y un aumento en la cifra de mujeres activas en un 28%. Unos resultados que ha atribuido a políticas específicas como el Plan Corresponsable o el fomento de la introducción de la mujer en el sector primario a través del Estatuto de la Mujer Rural.
"No son datos triunfalistas, por supuesto, queda mucho por hacer, pero son datos sobre el esfuerzo", ha afirmado García Saco. "Faltan a la verdad con estos mensajes de falta de compromiso por parte del Gobierno de Emiliano García-Page", ha concluido.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Los tres grupos parlamentarios han presentado propuestas de resolución separadas. La resolución presentada por CS solicita el establecimiento de una Ley de Apoyo a las Familias inclusiva con todos los modelos de familia presentes en la región y una batería de medidas de apoyo a la conciliación y mecanismos para garantizar el derecho al aborto. Por último, plantea la adopción de medidas para acceder a derechos como los de las mujeres discapacitadas o el acceso al deporte.
La resolución presentada por el PP plantea el despliegue de 10 millones de euros para atajar el desempleo femenino, medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar e incentivos fiscales a las empresas, pymes y autónomos que fomenten la conciliación. Además, propone a las Cortes instar al Gobierno de España a la destitución de la ministra Irene Montero y la rectificación de la ley del 'solo sí es sí'.
Por último, el PSOE ha centrado su propuesta de resolución en el apoyo al establecimiento de políticas transversales para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, el apoyo a las políticas de igualdad en el ámbito rural y las políticas destinadas a favorecer la presencia de mujeres en los ámbitos políticos y empresariales de la región.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido su Proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como ley de acompañamiento, pues se ha mostrado convencido que "mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha".
El consejero ha realizado estas manifestaciones durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, donde el texto encara su aprobación, con más 60 enmiendas vivas, tras pasar por la Comisión de Economía y Presupuestos.
Desde la tribuna, Ruiz Molina ha vuelto a dar cuenta de las seis deducciones fiscales que contempla la ley, reparando en la dirigida a la adquisición de bienes y servicios, en la de ampliaciones de gastos de guardería o adquisición de libros de texto y enseñanzas de idiomas o en la de la cuota íntegra del IRPF a menores de 40 años.
Tras asegurar que la norma pretende "reforzar el carácter solidario" del sistema tributario de Castilla-La Mancha, "aliviando en parte los efectos de la inflación sobre los ciudadanos con las rentas más bajas", ha añadido que también persigue dinamizar la economía e incrementar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos.
Dicho esto, el titular de la Hacienda castellanomanchega ha cargado contra las enmiendas "a granel y sin rigor" que han presentado al texto tanto PP como CS y que, a su entender, "se cargan" los principios de igualdad y progresividad fiscal, contempladas en la Constitución, provocando "una sangría" en las arcas publicas para beneficiar a las rentas altas.
Por ello, ha lamentado que con sus enmiendas, la oposición demuestre entrar en una "feria electoralista, de a ver quién baja más los impuestos", pero sin hacer mención a la partida de ingresos. "Es un ataque al Estado de Bienestar que se financia con los impuestos de los ciudadanos en función de su capacidad económica, penalizando doblemente a los que menos renta tienen", ha denunciado.
A renglón seguido, el diputado socialista Fernando Mora, encargado de defender el dictamen de la Comisión, ha indicado que esta llamada ley de acompañamiento es una ley "importante", pues complementa los presupuestos para el 2023 y su objetivo es dinamizar la economía, incrementar la eficacia y mejorar la distribución de obligaciones tributarias, al tiempo que mantiene "congelados" los impuestos, siendo Castilla-La Mancha una de las regiones con menor presión fiscal e impuestos más bajos, ha presumido.
Por ello, y tras recordar que Cs y PP se han abstenido ante el 90 del texto de esta ley y a las tres enmiendas del PSOE en la Comisión de Economía y Presupuestos donde se debatió, se ha mostrado confiado en que reflexionen y terminen apoyando el texto.
"Estamos en un momento de recuperación y hay que ser solidario con personas que peor lo pasan. Tanto la ley de acompañamiento como la de presupuestos son dos buenos instrumentos para hacerlo, y todos, con las lógicas discrepancias, tenemos que aprobar esta norma que favorece a inmensa mayoría de Castilla-La Mancha", ha dicho Mora, que ha terminado alertando de que la "demagogia" de los impuestos ha acabado "sepultada" por las necesidades de la sociedad, que reclama servicios públicos adecuados, como ha ocurrido en Reino Unido, donde "han tenido que recular".
Por su parte, David Muñoz Zapata ha puesto en valor las 23 enmiendas de Ciudadanos, que han llegado vivas al debate tras ser rechazadas por la mayoría socialista en la Comisión de Economía y Presupuestos, defendiendo que suponen una nueva oportunidad de mejorar los presupuestos del Ejecutivo regional para este 2023.
El parlamentario de la formación naranja ha criticado que las deducciones fiscales propuestas por el Gobierno regional supongan un coste estimado de 85 millones de euros, cuando el Ejecutivo está recaudando 1.000 millones más por la desbocada inflación, tildando por ello la bajada de "tacaña".
"Tiene mucho ruido electoral y poco efecto fiscal", ha espetado el diputado toledano que, tras criticar que los miembros del Ejecutivo no se pongan de acuerdo en el montante que supondría recuperar la Carrera Profesional, ha mostrado la mano tendida de su grupo para lograr un acuerdo y hacer que esta ley sea "un auténtico alivio fiscal para las familias, sobre todo las jóvenes".
Mientras, el portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez, que ha arrancado criticando que el consejero del ramo desdeñe con argumentos "poco solventes" las propuestas "sensatas" de su grupo, ha defendido que esta ley es "criticable en forma y fondo".
Respecto a las formas, ha dicho que es "cajón de sastre", que aprovecha el PSOE para modificar hasta 12 leyes y decretos normativos, "en función de sus intereses", lo que le ha valido al Ejecutivo hasta un "tirón de orejas del Consejo Consultivo".
En cuanto al fondo, el parlamentario 'popular' ha criticado que rechacen las 42 enmiendas que han presentado al texto y que "tienen un claro calado fiscal y tributario" enfocadas a pedir una bajada generalizada de impuestos, "no por capricho, sino para dinamizar la economía y ayudar a quién peor lo pasan".
"No entendemos que se enroquen y no acometan una bajada de impuestos cuando hay ingresos suficientes, reciben fondos a manos llenas y tienen las reglas fiscales suspendidas", ha dicho Rodríguez, que ha finalizado lamentando la "pirotecnia tributaria" del Ejecutivo regional, que "hace mucho ruido pero beneficia a poca gente".
En su turno de réplica el consejero, ha aclarado al diputado de CS que levantar la Carrera Profesional, como sugiere vía enmienda su formación, costaría 60 millones, mientras que hacer extensivo su cobro a todos los profesionales sanitarios a los que les corresponda supondría a las arcas regionales 200 millones.
De igual modo, ha desmentido, como mantiene tanto PP como CS, que el Ejecutivo cuente con 1.000 millones más, pues como consumidor final la Administración regional también tiene que hacer frente al incremento del coste de los suministros a la hora de seguir prestando servicios públicos.
Luego de tildar de "injustas y regresivas" las enmiendas de la oposición, Ruiz Molina ha acusado a PP y CS de "esconder" los "recortes" que las prestaciones públicas sufrirían en caso de que la deflactación que proponen saliera adelante.
Por último, y después de que el PP les acusará de modificar "de tapadillo" hasta 12 normas con esta ley de acompañamiento, el titular regional de Administraciones Públicas ha defendido que en aras a la "eficiencia" el texto se tramita como una especie de 'ley omnibús', tal y como avala la propia Constitución.
Por todo ello, ha terminado expresando una certeza y un convencimiento. La certeza de que cuando se apruebe esta ley el Ejecutivo regional tendrá "una herramienta más para impulsar el progreso y el bienestar sin dejar a nadie atrás", y el convencimiento de que en "los próximos cuatro años, las leyes de presupuestos y acompañamiento serán impulsadas por un gobierno presidido por Emiliano García-Page, que ha hecho de la estabilidad y el diálogo social la principal seña de identidad de Castilla-La Mancha".
PLENO EN LAS CORTES DE CLM
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha va a abordar este jueves el Proyecto de Ley de medidas administrativas, financieras y tributarias, conocido también como Ley de acompañamiento de Presupuestos, en una sesión en la que también se desarrollarán debates sobre educación, sanidad y mujer.
El segundo Pleno de este año arrancará con el debate del Proyecto de Ley de medidas administrativas, financieras y tributarias impulsado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ha informado el Parlamento.
De aprobarse, se trataría de la primera normativa en ver la luz en este último periodo de sesiones y sumará 37 aprobadas en lo que va de X Legislatura.
DOS DEBATES, UNA PNL Y COMPARECENCIA
Los dos siguientes puntos a tratar serán debates generales sobre mujer en Castilla-La Mancha, a propuesta de Ciudadanos, y sobre listas de espera, a iniciativa del PP, mientras que también se debatirá y votará una Proposición No de Ley del Grupo Popular sobre el Instituto de Educación Secundaria Virgen de las Cruces de Daimiel (Ciudad Real).
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